- La iniciativa modifica el delito de “asociación ilícita” en el Código Penal, reemplazándolo por dos figuras: la asociación delictiva y la asociación criminal.
Este domingo, el Presidente de la República Sebastián Piñera firmó un proyecto de ley contra el crimen organizado.
Se trata de una iniciativa que busca perseguir y sancionar de mejor forma a las bandas criminales y la delincuencia organizada. “Estamos en un punto de inflexión que nos obliga a actuar ahora y con decisión y urgencia”, sostuvo el Jefe de Estado durante la presentación del proyecto de Ley.
La propuesta aborda la modificación del delito de asociación ilícita en el Código Penal, reemplazándolos por dos figuras: la asociación delictiva y la asociación criminal.
Para el Intendente de Coquimbo, Pablo Herman, “esto representa un paso muy importante en la efectividad en el combate a los delitos. Estamos hablando de actualizar nuestra legislación y ponernos al día con más y mejores herramientas para castigar a los delincuentes. El crimen organizado representa una gran amenaza para las familias y para nuestro Gobierno, su seguridad es lo más importante”.
La Asociación Delictiva sancionará a quienes formen parte de una organización para cometer simples delitos, con penas de hasta 5 años de cárcel. Mientras que la Asociación Criminal, por su parte, sancionará a quienes formen parte de una organización delictiva para cometer crímenes, con penas de privación de libertad que llegan hasta los 10 años.
“Tenemos un fuerte compromiso con mejorar la sensación de seguridad y erradicar el crimen organizado. Hemos desplegado múltiples esfuerzos en todo el país, para ir quitando espacio a estos delincuentes y no darles oportunidades. Este Proyecto de Ley pronto ingresará al Congreso y esperamos que cuente con todo el apoyo, porque se trata de una iniciativa que va en beneficio de la seguridad y la integridad de todos los chilenos”, enfatizó el Intendente Herman.
El proyecto de ley también propone la modificación y facilitación de las técnicas investigación autorizadas por el Juez de Garantía, entre ellas agentes encubiertos, interceptaciones telefónicas e infiltración de redes o grupos criminales.
