- La iniciativa busca que los equipos directivos y trabajadores estén al tanto sus derechos, sepan qué hacer frente a la comisión de un delito y conozcan las sanciones que han recibido quienes utilizaron la violencia contra el personal de salud.
El año 2019 entró en vigencia la Ley de Consultorio Seguro, aumentando las sanciones para quienes agreden a los trabajadores en el ejercicio de sus funciones, y protegiendo así a todas las personas que se desempeñan en el área de la salud. Desde esa fecha, en el Servicio de Salud Coquimbo se conformó la Mesa de Prevención y Seguridad de agresiones a los funcionarios, generando diversas actividades y estrategias en torno al mismo objetivo: la protección de sus trabajadores.
Justamente, como parte de las gestiones y compromisos de trabajo, hace unos días se realizó la segunda capacitación sobre la Ley Consultorio Seguro, dictada por la abogada y asesora del Fiscal Regional, María Cristina Soto. En ella se ahondó en detalle cómo deben actuar los funcionarios y los tipos de penas que incorpora la ley.
“En caso de ser víctimas, lo primero que hay que hacer es llamar a Carabineros y denunciar el hecho inmediatamente. No alterar el sitio del suceso, respaldar si es que hay cámaras de TV o fotografías, y señalar cuáles son los datos de identificación de los testigos y de la víctima, además de participar con posterioridad en los siguientes actos del procedimiento, como reconocimiento fotográfico. Las víctimas pueden solicitar diligencias, copias de la investigación, entre otros. En el fondo: denunciar, aportar pruebas y mantenerse adheridos”, explica.
Uno de los inconvenientes que pueden llevar a las víctimas a no denunciar, es el miedo a que el agresor se acerque nuevamente al establecimiento de salud. Para evitar esto, existen una serie de medidas de protección que podría otorgar la Fiscalía. “Pueden consistir en rondas periódicas, llamado preferente a Carabineros, reforzamiento de la seguridad en ciertos lugares y también medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público y otorgadas por los jueces, las que son restrictivas de los derechos del imputado, como de prohibición de acercamiento del imputado al establecimiento médico o prohibición de acercamiento a la víctima, prohibición de concurrir a ciertas reuniones o hacer una firma mensual. La más gravosa es la prisión preventiva y luego existe el arresto domiciliario total o parcial”, aclara la abogada y asesora del Fiscal Regional.
“No quedarán sin una defensa por parte de nuestra institución”
Nicolás Anticevic, Jefe del Departamento de Asesoría Jurídica del Servicio de Salud Coquimbo, destaca el interés de los funcionarios por estos temas y detalla cómo es el proceso que siguen las denuncias por agresiones. “En los casos que son catalogados como delitos, procedemos a interponer denuncias al Ministerio Público y/o querellas criminales en contra de los agresores. Estos procesos avanzan con diferentes velocidades, algunos están con sentencia, como es el caso de la agresión sufrida por una doctora en un CESFAM que fue amenazada con un arma de fuego, en virtud de la cual el agresor fue condenado a 541 días de presidio menor en su grado medio. Otro ejemplo es el de Los Vilos, donde se pone término al proceso en una causa de agresión verbal con disculpas públicas por parte de la imputada. En los casos que aún están abiertos, tenemos causas en que el agresor ha permanecido en prisión preventiva por meses, como ocurrió con un imputado contagiado con Covid que escupió a funcionarios, o agresiones a personal de la salud en un CESFAM, en el que aún nos encontramos en juicio”, comenta.
Para el Jefe del Departamento de Asesoría Jurídica, es fundamental que los funcionarios sepan cómo actuar y que la comunidad conozca la norma y las consecuencias que tiene agredir al personal de la salud, sobre todo teniendo en cuenta que la actual Ley de Consultorio Seguro aumenta las penas de los agresores.
“Si los funcionarios son víctimas de un delito es recomendable que soliciten apoyo del departamento de Asesoría Jurídica de su institución para que puedan ayudar con el Ministerio Público y eventualmente acudir a audiencias de controles de detención de los agresores. (…) Es fundamental que los funcionarios conozcan la ley y entiendan que no todo tipo de denuncia son agresiones, ya que algunas veces es solo un reproche del paciente sobre su actuar. Sin embargo, aquellas que lo son, no quedarán sin una defensa por parte de nuestra institución”, recalca.
Para el Director del Servicio de Salud Coquimbo, Edgardo González, la conformación de esta mesa y las actividades que de ella surjan, contribuyen a que los funcionarios puedan conocer a cabalidad sus derechos y sepan que el Servicio de Salud los apoyará frente a una agresión. “Detrás de cada funcionario de salud hay una persona y ellos merecen ser tratados con respeto, más aún considerando todo el esfuerzo que han hecho en el último año de pandemia. Nosotros recibimos las denuncias y tomamos las acciones necesarias en materia jurídica. Nadie tiene el derecho de ejercer violencia en contra de nuestros funcionarios y nosotros los vamos a respaldar siempre que sea necesario”, cierra.
