- La iniciativa legal busca mejorar procesos urgentes asociados a la implementación de los nuevos Servicios Locales de Educación Pública (SLEP); al pago del incentivo al retiro a docentes y asistentes de la educación municipal; a facilitar el pago de deudas previsionales a trabajadores de la educación; y a hacer voluntaria la rendición de evaluaciones a docentes este y el próximo año.
Desde la instalación del Gobierno, el Ministerio de Educación ha implementado una serie de medidas, apoyos y orientaciones para los establecimientos educacionales, con énfasis en el retorno a la presencialidad y la reactivación de aprendizajes. Asimismo, durante estos meses ha sido posible identificar áreas que requieren modificaciones urgentes en procesos relevantes para el funcionamiento del sistema educativo.
Por ese motivo, este martes 5 de julio el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, acompañado del subsecretario de Educación, Nicolás Cataldo, presentaron ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados un proyecto de Ley Miscelánea que tiene como principal objetivo mejorar la implementación de distintos procesos relevantes para el funcionamiento del sistema.
Dentro de este proyecto misceláneo se propone hacer voluntarias -para el año 2022 y 2023- la Evaluación Docente y procesos evaluativos de la Carrera Docente.
Al respecto, el ministro Marco Antonio Ávila señaló que “es urgente que las y los profesores cuenten con apoyo para responder a los múltiples desafíos que han encontrado en este retorno a la presencialidad. Por eso, a través de este proyecto, buscamos hacer voluntaria en 2022 y 2023 la rendición de estas evaluaciones”.
“En el mediano plazo, nuestro compromiso es armonizar los sistemas evaluativos que existen actualmente para las y los profesores. Creemos que los procesos evaluativos son fundamentales, pues contribuyen a promover y reconocer el desarrollo profesional de las y los profesores, pero la aplicación de dos de estos procesos de forma paralela a los docentes del sector público es una situación injusta e innecesaria que debemos solucionar”, agregó la autoridad.
Más tiempo para la correcta implementación de los SLEP
Asimismo, el proyecto busca extender el plazo de implementación de los nuevos Servicios Locales de Educación Pública que entraron en funcionamiento este año, de forma que cuenten con el tiempo necesario para realizar correctamente todos los procesos asociados al traspaso del servicio educativo desde los municipios.
“Como señaló nuestro Presidente en su Cuenta Pública, estamos desarrollando una estrategia para mejorar la implementación del Sistema de Educación Pública y esta iniciativa legal es parte de las acciones que llevaremos adelante para fortalecer la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública”, manifestó al respecto el ministro Ávila.
Hoy los SLEP cuentan con 10 meses para su instalación, periodo en el cual deben realizar una serie de procesos como la creación del comité directivo local, el nombramiento del director ejecutivo, el nombramiento de los subdirectores, el traspaso de contratos, convenios, bienes muebles e inmuebles, y el traspaso de funcionarios con estatuto docente, asistentes de la educación y los trabajadores de los DAEM, DEM y corporaciones municipales.
Específicamente, este proyecto propone que los seis SLEP que entraron en funcionamiento en 2022 y que deben recibir sus establecimientos educacionales el 1 de enero de 2023, cuenten con un año más para completar el traspaso, es decir, hasta el 1 de enero de 2024, para mejorar los procesos críticos para la instalación.
Estos seis SLEP son Iquique (comunas de Iquique y Alto Hospicio); Licancabur (Calama, María Elena, Ollagüe; San Pedro de Atacama y Tocopilla); Maule Costa (Cauquenes, Chanco, Constitución, Empedrado, Pelluhue); Punilla Cordillera (Coihueco, Ñiquén, Pinto, San Carlos, San Fabián); Aysén (Aysén, Chile Chico, Cisnes, Cochrane, Coyhaique, Gualtecas, Lago Verde, O’Higgins, Río Ibáñez, Tortel); y Magallanes (Antártica, Cabo de Hornos, Laguna Blanca, Natales, Porvenir, Primavera, Punta Arenas, Río Verde, San Gregorio, Timaukel, Torres del Paine), los que entre todos reúnen a 100 mil estudiantes.
Norma para agilizar el incentivo al retiro para profesores y asistentes de la educación
“Muchas y muchos profesores y asistentes de la educación del sector público, encontrándose en edad de jubilar, han debido postergar por años su retiro debido al retraso en el pago del incentivo que existe para ellos. Por eso, a través de este proyecto, también proponemos incorporar una norma que permita agilizar los procedimientos de asignación de cupos y traspaso de recursos”, señaló el ministro de Educación.
El retraso en la implementación de los bonos de retiro para docentes y asistentes de la educación ocurre porque para su asignación, el análisis de antecedentes se debe realizar por grupos de trabajadores asociados a un sostenedor, por lo que si uno de esos docentes o asistentes tiene problemas en su documentación, se remiten nuevamente al sostenedor el conjunto de antecedentes. Esta modificación corrige esta situación, permitiendo realizar más de un acto administrativo por sostenedor, los que podrán habilitar el pago para quienes sí tienen su documentación en orden.
De esta forma, con la aprobación de esta ley, este año se regularizarán los pagos pendientes de 2018, y se dará inicio al pago de los docentes y asistentes de la educación pendientes desde 2019 y 2020.
Pago de deudas previsionales a trabajadores de la educación
Actualmente, cuando un sostenedor no cumple con los pagos de los compromisos de salud y previsión de los trabajadores de la educación, el Ministerio de Educación está obligado a retener la subvención por un monto equivalente a lo adeudado. Sin embargo, no existe un mecanismo formal de pago de esas deudas, lo que ha generado un estancamiento de los recursos sin poder solucionar el problema de fondo.
Con esta modificación legal, se busca que el Mineduc tenga las facultades para utilizar los recursos retenidos en el pago de estas deudas. Estos pagos se harán en coordinación con los sostenedores, para que el proceso sea expedito y evite dobles pagos.
“Esto agilizará el proceso, disminuirá el monto de lo adeudado, liberará recursos empozados y aliviará el daño previsional provocado a los trabajadores”, destacó el ministro.
