Los antecedentes fueron puestos a disposición de Fiscalía para realizar la investigación bajo el artículo 459 del código penal.
Ante la Fiscalía de Illapel el Delegado Provincial de Choapa Juan Pablo Gálvez, interpuso una denuncia hacia quienes resulten responsables por el posible hurto de agua, que según los antecedentes, podrían ser de más de un millón de metros cúbicos, lo que se habría logrado al modificar durante mucho tiempo el aforo de un canal.
La sequía es uno de los problemas más graves que afectan actualmente a la región de Coquimbo, teniendo como uno de sus mayores afectados a la provincia de Choapa, es por ello que a comienzos de año con la visita del subsecretario del Ministerio de obras Públicas, Cristóbal Leturia, se trazaron medidas a largo, mediano y corto plazo para afrontar la crisis y una de ellas es la fiscalización al hurto de aguas.
Ante ello y gracias a información de regantes es que el Delegado Provincial Juan Pablo Gálvez, pudo presentar la denuncia ante el delito que involucraría una cantidad de agua, que a modo de ejemplo, representa el 15% del actual volumen regulable del embalse Corrales.
“Durante la semana pasada nos llegó una denuncia por usurpación de agua cometida en el río Choapa a través de varios antecedentes y frente a este tipo de actos nosotros tenemos la responsabilidad y también la obligación de ponerlos a disposición del Ministerio Público, cosa que hicimos el viernes pasado. La idea es poner mano dura ante estas situaciones, no podemos dejar pasar estos antecedentes, y si bien hay que investigarlos mediante Fiscalía, también pusimos los antecedentes a través de la DGA para que se investigue administrativamente lo que está pasando”, detalló el Delegado Provincial.
La usurpación de agua estaría vinculada al canal Silvano, ubicado en el sector sur oriente de la comuna de Salamanca, por lo cual los antecedentes ya están a disposición de Fiscalía para llevar a cabo la investigación, la cual según el artículo 459 del código penal podría llevar las penas de presidio menor en su grado mínimo, además de tener un precedente de lo ocurrido en el Valle de Elqui, donde una empresa agrícola fue multada por un monto de 1.100 UTM por el mismo delito.
