El Fiscal Nacional, Jorge Abbott, designó a la perseguidora regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, para que investigue la comisión del presunto delito de fraude al fisco en la Intendencia de Coquimbo -dirigida por Lucía Pinto (UDI)- debido a que la autoridad adquirió un terreno por $9.800 millones, aun cuando su tasación apenas superaba los 4 mil millones.
Jorge Abbott se basó en una presentación reservada que realizó el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, el pasado 3 de septiembre. En ella, el organismo fiscalizador dio cuenta que la adquisición de tierras por parte del Gobierno Regional (GORE) se realizó sin que el contrato pasara por la “toma de razón”, trámite obligatorio e ineludible, sobre todo cuando los recursos públicos involucrados son así de elevados.
El documento establece que la compra se resolvió a finales de 2019, mientras que en 2020 tanto este último como otros tres contratos aprobados para la compra, fueron rechazados uno tras otro por el organismo fiscalizador. En cuatro oportunidades se le indicó a la autoridad que no podía gastar el dinero fiscal a su arbitrio.
Las razones de la autoridad regional fue que para ello se basaron en el usó de la fórmula de trato directo, sin justificar el porqué, e incluso la investigación del Contralor determinó que en el proceso agregaron nuevas tasaciones que duplicaron el valor de los terrenos.
La entidad que dirige Bermúdez descubrió también que la Intendencia “actuó” a sus espaldas al dictar una quinta resolución, cuyo contrato fue inscrito en una notaría local -a escondidas- para obviar el control de legalidad, según se concluye. También se detalla en la presentación a la fiscalía, es que el monto fue pagado íntegramente el pasado 28 de julio a la empresa vendedora, sin que la Unidad de Finanzas del GORE explicara las razones, pese a que le fueron requeridas oficialmente. Por esta razón se inició un sumario administrativo que complica a Lucía Pinto -y eventualmente a otros funcionarios- ya que es la jefa superior del servicio y las notificaciones de rechazo a la compra le eran notificadas a ella.
Los hechos que hoy están en la mira de la fiscal Perivancich, es que al interior del GORE trabajó durante todo 2019 como asesor de proyectos de pre-inversión, Nicolás Bakulic Albertini. Este último es hijo de Nicolás Bakulic Gorovic, quien a mediados del año pasado se convirtió en accionista de las inmobiliarias que vendieron los paños por la cifra aludida, sin que la autoridad advirtiera la inhabilidad o conflicto de interés.
Otro punto en que puso hincapié la Contraloría en su presentación al Ministerio Público es que si bien se pagó por más de 60 mil metros cuadrados, las escrituras establecen que la propiedad cuenta con 10 mil metros cuadrados menos.
La Intendenta Lucia Pinto, indicó que se realizó un nuevo estudio de antecedentes, que a su juicio indican que todo el proceso mantuvo siempre “absoluta objetividad, transparencia y justificación del trato directo invocado”.
En su defensa dijo que se analizaron otros sitios que eran más caros, pero no respondió por qué se pagaron $5.800 millones de pesos por sobre la primera tasación. Respecto al funcionario que mantenía un conflicto de interés y la estrategia usada en una notaría local para pagar los 9.800 millones sin la toma de razón, no hubo explicaciones.
«se me informó que el proceso estaba en orden y apegado a derecho, sustentado en dictámenes de Contraloría. Si bien la Contraloría tiene el deber de poner en antecedente al Ministerio Público de cualquier situación que a su juicio debe ser investigada, tengo la absoluta certeza que en este proceso de compra se acreditará que no hubo ningún tipo de irregularidades”, concluyó Pinto.
